OPINIONES JURIDICAS: Presos Mapuches y Aplicación de la Ley Antiterrorista

Mucho se ha hablado respecto al conflicto mapuche o, en realidad, respecto a la huelga de hambre que algunos presos mapuches llevan a cabo.

Que es lo que piden y apoyados en que razón fue lo primero que me pregunte, y bueno básicamente sus peticiones son estas:

- Obtener un juicio justo;

- que se velen las garantías al debido proceso, lo que implica la NO aplicación de la Ley Antiterrorista en causas de reivindicaciones Mapuche

- El fin al doble procesamiento en la justicia militar y en la civil, pues la justicia militar siendo conformada para encausar a militares, en estos momentos está juzgando a civiles también.

- La desmilitarización de las comunidades Mapuche y la libertad a todos los presos políticos Mapuche.

Los 32 presos mapuches se consideran a si mismos presos políticos y sometidos a un juicio injusto porque se les ha aplicado una norma y una justicia distinta a aquellos que cometen delitos comunes. Tenemos que preguntarnos entonces, se debe aplicar la ley antiterrorista a los comuneros mapuches?; es normal que se les juzgue por la justicia militar?; es justo?; se respetan los principios del debido proceso respecto a estos casos?.

Hagamos un poco de historia (como señala en un artículo el diputado Gonzalo Arenas), las demandas territoriales y la protesta social por parte de las comunidades mapuche de la Araucanía ha sido una constante en nuestra historia. A principios de los años 90’, se hizo un esfuerzo importante para solucionar estas demandas, pero la violencia continuó en torno a grupos minoritarios. Es así como el Gobierno de Patricio Aylwin terminó acusando a 144 mapuches por asociación ilícita y usurpación a través de la legislación común. En 1997 son atacados tres camiones forestales en la Comuna de Lumaco, con lo que cambia radicalmente la manera de ver la conflictividad en la zona. Se comienzan a escuchar las primeras voces de “conflicto mapuche” y “terrorismo”.

Con hechos violentos en aumento, durante el gobierno de Eduardo Frei se interpusieron denuncias por delitos tipificados en la Ley de Seguridad Interior del Estado, pero la violencia no se detenía. En dicho contexto, Ricardo Lagos aplica la Ley Antiterrorista a comuneros Mapuche, según lo señalara el propio Subsecretario del Interior de la época, Correa Sutil, su utilización se justificó más por las ventajas para la investigación que daba esta legislación, que por la connotación de “terrorista” de todos los hechos investigados.

La aplicación de esta Ley permite aplicar penas elevadas al doble o incluso al triple, de las condenas civiles comunes. Permite también utilizar procedimientos que afecten el derecho a la defensa como la utilización de testigos sin rostro, prisiones preventivas por más de un año y medio, secretos de investigaciones, entre otros. Es por esta razón que su uso es considerado un acto discriminatorio que afecta el principio de igualdad ante la Ley, el derecho a la defensa y el debido proceso, y el respeto a la dignidad humana.

Esta semana el Ejecutivo firmó el proyecto de ley que introduce modificaciones a la justicia militar señalando que “en un Estado de Derecho debe ser una justicia excepcional, sólo se limitará a conocer los delitos militares cometidos por militares. De esta manera, serán los tribunales civiles los que conocerán y sancionarán, de acuerdo a las normas penales comunes, todos los eventuales delitos que cometan los civiles o los menores de edad”. Esta modificación va a significar que más de 4 mil causas que hoy día son conocidas por tribunales militares pasarán a tribunales civiles y sus procedimientos serán regidos por las normas comunes contenidas en nuestro Código Procesal Penal.

Pero también se alista las modificaciones que planea introducir a la Ley Antiterrorista y, sobre ellas, ha sido más difícil alcanzar consensos. La discusión central estaría en si es viable retirar el delito de incendio o rebajar su pena así como si es viable que civiles (privados) puedan invocar ante los tribunales esta ley, sin que sea una facultad sólo del gobierno y las Fuerzas Armadas puedan invocarla.

Creo que sin duda alguna, el estado de chile y el gobierno en particular debe hacerse cargo de las peticiones mapuches y sin justificar un medio de presión como la huelga de hambre se debe reconocer que era la única manera en que hiciera notar sus peticiones, ya que la cobertura al llamado “asunto mapuche” es casi inexistente, como siempre debemos informarnos respecto a que pasa en nuestro país. Esta huelga ha sido el detonante a la modificación de normas que deben ajustarse a la democracia en que vivimos dejando atrás las ideas dictatoriales de antaño. El gobierno ha dado un paso importante, sin embargo, es mucho aun lo que se debe hacer para restablecer la igualdad ante la ley de mapuches respecto al resto de nosotros.

Les recomiendo leer la columna de opinión de Jorge Contesse en La Tercera.