Con el fin de facilitar la presentación de documentos electrónicos y aumentar la seguridad tecnológica y jurídica de su implementación, la Comisión de Economía, presidida por el senador Jorge Pizarro, analizará el próximo martes 1 de agosto, entre las 10:00 y 11:30 horas, el proyecto, en segundo trámite, que modifica el Código de Procedimiento Civil sobre documento electrónico, firma electrónica y los servicios de certificación de dichas firmas.
La iniciativa que estimulará la aplicación del documento y la firma electrónica, forma parte de la denominada Agenda Digital, que incluye un conjunto de medidas que tomará Chile para llegar al 2010 como un país desarrollado digitalmente.
De esta forma, el proyecto resuelve aspectos poco claros en la actual legislación procesal en especial en lo relativo a la incorporación, producción, objeción y valoración de estos documentos electrónicos como prueba jurídica. Para ello, modifica el Código de Procedimiento Civil y la ley sobre firma electrónica declarando expresamente su admisibilidad y la forma en que constituirán plena prueba.
El proyecto actualiza además, la ley sobre firma electrónica luego de la experiencia adquirida durante su vigencia y adecua el alcance de los instrumentos privados suscritos mediante firma electrónica avanzada.
Cabe señalar que el avance en la legislación para la sociedad de la información y la economía digital es un tema fundamental para el desarrollo del país. Por ello, este proyecto es indispensable para remover las numerosas limitaciones existentes en el ordenamiento jurídico.
FUNDAMENTOS
La publicación de la ley de Firma Electrónica dotó del marco jurídico necesario para dar estabilidad a las relaciones por medio de sistemas informáticos y telemáticos, otorgando mayores niveles de seguridad y certeza.
Pese a ello, la implementación de esta ley se ha retrasado ya que persisten errores en la determinación de su valor probatorio, falta de entendimiento por parte de los operadores jurídicos para su uso, y la complejidad que significa su presentación en juicio.
Por estas razones, el actual estatuto jurídico de los documentos electrónicos no otorga las suficientes garantías de seguridad a los operadores jurídicos, en el entendido que aún no existe certeza de la forma como deben ser percibidos en juicio ni del valor probatorio de los mismos.
La iniciativa que estimulará la aplicación del documento y la firma electrónica, forma parte de la denominada Agenda Digital, que incluye un conjunto de medidas que tomará Chile para llegar al 2010 como un país desarrollado digitalmente.
De esta forma, el proyecto resuelve aspectos poco claros en la actual legislación procesal en especial en lo relativo a la incorporación, producción, objeción y valoración de estos documentos electrónicos como prueba jurídica. Para ello, modifica el Código de Procedimiento Civil y la ley sobre firma electrónica declarando expresamente su admisibilidad y la forma en que constituirán plena prueba.
El proyecto actualiza además, la ley sobre firma electrónica luego de la experiencia adquirida durante su vigencia y adecua el alcance de los instrumentos privados suscritos mediante firma electrónica avanzada.
Cabe señalar que el avance en la legislación para la sociedad de la información y la economía digital es un tema fundamental para el desarrollo del país. Por ello, este proyecto es indispensable para remover las numerosas limitaciones existentes en el ordenamiento jurídico.
FUNDAMENTOS
La publicación de la ley de Firma Electrónica dotó del marco jurídico necesario para dar estabilidad a las relaciones por medio de sistemas informáticos y telemáticos, otorgando mayores niveles de seguridad y certeza.
Pese a ello, la implementación de esta ley se ha retrasado ya que persisten errores en la determinación de su valor probatorio, falta de entendimiento por parte de los operadores jurídicos para su uso, y la complejidad que significa su presentación en juicio.
Por estas razones, el actual estatuto jurídico de los documentos electrónicos no otorga las suficientes garantías de seguridad a los operadores jurídicos, en el entendido que aún no existe certeza de la forma como deben ser percibidos en juicio ni del valor probatorio de los mismos.
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